A sala llena en el auditorio del Celarg, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel anunció este jueves un conjunto de  nuevas pautas para los operadores y proveedores de telecomunicaciones en torno a la asignación de nuevas porciones de espectro radioeléctrico, regulación de precios en el transporte de datos, y la obligatoriedad de las empresas del sector en mayor cobertura para áreas desatendidas, --entre otros tópicos-- en el marco de un modelo de provisión de servicios donde “prevalece la visión social”, según palabras del director general de Conatel, el ingeniero Alvin Lezama.

En un balance del proceso de apertura de las telecomunicaciones, Lezama señaló los tres rasgos fundamentales, a su juicio, de este proceso: una concentración de los ingresos y la inversión, un crecimiento dominado por el impulso que ha tenido la telefonía móvil, y el despliegue insuficiente de los servicios en todo el país.

El funcionario mostró cuadros estadísticos del año 2005 que registran una concentración de los ingresos del 85,2% en dos operadores: Cantv y Movistar, seguidos de Digitel quien aparece con un 6% de los ingresos.

Las proveedoras de televisión por subscripción y el resto de las empresas proveedoras de servicios suman un 8,5% de participación de mercado. Ese mismo año, dijo Lezama, la inversión de las dos empresas dominantes alcanzó el 80,9% del total.

Población y cobertura

Conatel mostró una lista de los 22 municipios más poblados del país, en la que registró la infraestructura de telecomunicaciones y radio bases para la telefonía móvil. Lezama destacaba que se trata de menos del 7% de los municipios del país, pero que en contraste poseen, en conjunto, el 34% de las centrales telefónicas y el 58% de las radiobases.

De acuerdo a las cifras suministradas en la misma lámina, sobre la población en 2001 de los mencionados municipios, éstos concentraban el 41,2% de la población total del país.

Los seis estados del sur-occidente y el sur del país, --Amazonas, Apure, Bolívar, Cojedes, Mérida y Táchira--que abarcan un 62% de la extensión territorial, sólo alojan a un 18% de la población, señala Lezama.

Este desbalance respecto a la mitad norte del país constituye un desafío para Conatel, dice Lezama. “Nuestro reto es instrumentar una política pública para el sector de telecomunicaciones, en un contexto donde se las entienda como un derecho humano”.

Obligaciones sociales

Conatel descartó la subasta de espectro y decidió asignarlo, aunque no de modo exclusivo como se hizo al inicio de las operaciones celulares en las bandas de 850 MHz y 1900 MHz. El organismo procederá a asignar porciones de espectro entre 710 MHz y 2170 MHz, lo cual daría flexibilidad a las operadoras para ampliar espectro en las bandas ya concedidas y a la vez desplegar una red paralela en otras bandas de ese rango para UMTS, como en el caso de Movistar, por ejemplo, que ya ha manifestado intenciones de montar una red alterna GSM, con miras a ampliarla posteriormente hacia UMTS.

El esquema gradual de asignación propuesto, que comenzará en el último trimestre del año, contempla que cada petición de espectro adicional debe ser formulado para un grupo de celdas específicas y tendrá vigencia por una año, además de que dicha asignación estará ligada a una obligación específica de cobertura de telefonía fija e Internet, en áreas geográficas poco pobladas.

Al final de este período se evaluará si la infraestructura ha sido desplegada en las celdas en cuestión, y si la obligación de corte social ha sido ejecutada. Todo esto como requisito previo para la renovación por un año adicional de la porción de espectro asignada. Después de tres años, la asignación del espectro se hará en forma exclusiva.

Dentro de la ampliación de la provisión de banda ancha, Conatel se propone una iniciativa de financiamiento de 100 millones de dólares para 2007, que incluye dos centros de datos regionales y 250 nodos que garantizarán mayor acceso en las zonas menos pobladas. El financiamiento provendrá del Fondo de Servicio Universal, el cual se nutre de un impuesto especial a las empresas del sector del 1% de sus ingresos brutos.